La Nicaragua que no amaba a las mujeres

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en 2017, colocó a Nicaragua en el puesto número 43 de los países más felices en el  mundo.

El Foro Económico Mundial publicó en 2018 su informe sobre la Brecha Global de Género y Nicaragua aparece en la quinta posición en el índice mundial sobre igualdad de género. 

Quienes somos mujeres y vivimos en Nicaragua sabemos que esas distinciones son una burla a nuestra realidad. 

2018 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, no sólo en relación con la evolución política y social de la ciudadanía, sino también en relación con las violencias experimentadas en el día a día; en ese escenario la situación de los derechos humanos de las mujeres es cada vez más crítica.   

La represión por parte del gobierno, la militarización de las calles y la criminalización de la protesta cívica se han vuelto el pan de cada día, a diario encontramos noticias que dan fe de ese prolongado panorama. 

Las mujeres constituimos el 51% de la población, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad sostienen el país y a su vez somos víctimas de atropellos cotidianos por parte de las autoridades y los grupos afines al gobierno.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destacó en uno de sus informes sobre Nicaragua que las mujeres hemos desarrollado el papel fundamental de soportar la lucha en términos de organización, logística y en la exigencia por la justicia y al ser las mujeres un actor clave en la lucha cívica, no estamos exentas de padecer todo el peso de la represión al igual que los hombres, quienes usualmente son quienes figuran en los medios y en los espacios de negociación política. 

Violencias que nos acechan y nos afectan a las mujeres

Basadas en evidencias y datos alarmantes como los reflejados en la infografía, es que desde nuestro análisis feminista contradecimos la visión internacional que se vende sobre Nicaragua. 

La represión es tal que más de un año después del estallido social suscitado en abril 2018, el gobierno se niega a negociar una salida pacífica a la crisis y cada día diseña nuevas estrategias para mantenernos presas en nuestras casas, sin derecho a protestar por todas las violaciones a los derechos fundamentales. 

Presas políticas

En 2018 estuvieron detenidas de manera ilegal más de 70 mujeres, quienes permanecieron encarceladas por más de 6 meses, todas fueron torturadas psicológicamente y algunas padecieron violencias extremas como aborto forzado y violencia sexual durante estuvieron presas. 

Tras la liberación de ese grupo en junio 2019, capturaron a María Guadalupe Ruíz Briceño, joven universitaria de 22 años. Originaria de Rivas, fue secuestrada por la policía el 13 de julio en Managua, en las cercanías de la Catedral, después de participar en un piquete de protesta por los presos políticos. María Guadalupe continúa presa ilegalmente y está siendo criminalizada por robo agravado por el Ministerio Público. Sus familiares han denunciado que la joven se encuentra enferma y recluida en la cárcel de mujeres La Esperanza, donde es asediada por presidiarias afines al gobierno. 

El pasado 14 de noviembre Amaya Coopens, estudiante universitaria y activista de 25 años fue secuestrada y apresada de manera ilegal por segunda vez por la policía nacional, junto a 12 activistas más, entre ellxs 5 mujeres, todxs criminalizadxs por haber llevado agua a madres de presos políticos  en huelga de hambre, en una iglesia de Masaya. 

Las activistas ya fueron condenadas y en el caso de Amaya se le adjudican los siguientes delitos: Terrorismo, portación o tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro simple, lesiones robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos. 

Defensoras de Derechos Humanos 

En agosto de este año la abogada María del Socorro Oviedo, que trabaja para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue detenida en la estación policial de Masaya, cuando daba acompañamiento a un exreo político, tras un incidente con un oficial de policía. La abogada  y defensora de varios de los presos políticos, fue declarada culpable a finales de agosto por obstrucción de funciones. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos valora que Oviedo sufrió obstrucción a su trabajo como abogada, fue víctima de abuso de autoridad y de una violenta detención que quedó registrada en las redes sociales. Su caso ejemplifica los ataques contra defensorxs de derechos humanos en Nicaragua y la criminalización que ha hecho el gobierno actual a la labor de defender derechos. 

Al igual que María Oviedo, decenas de abogadas y defensoras de derechos humanos han sido agredidas y reprimidas entre ellas la abogada Yonarqui Martínez y Aura Estela Alarcón González, por mencionar algunas. 

Las defensoras y sus organizaciones son sometidas a sistemáticas campañas de odio y estigmatización por parte de medios oficialistas y redes sociales, que utilizan la difamación y calumnia para censurar la promoción y defensa de los derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 17 defensoras mujeres que han sido amenazadas y estigmatizadas por su labor y que han sido atacadas por ejercer su derecho de libre expresión ante las violaciones de derechos humanos en sus comunidades. 

“Chela” (seudónimo utilizado para resguardar su integridad) es Abogada y Defensora, de 40 años de edad; y a principios de la crisis en 2018 le fue retirado su carnet y su sello, por lo que actualmente se encuentra desempleada y después de ser víctima de esa injusticia, también fue detenida ilegalmente en dos ocasiones. 

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos (INDH), en agosto 2019 prepararon el Informe Alternativo Sobre Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso de Nicaragua, donde analizaron el estado de cumplimiento de los artículos: 7, 9, 13, 16, 19, 21 y 22. En el informe indican que: “Particularmente con las mujeres y sus organizaciones, el ejercicio de la libertad de expresión todo este periodo se ha caracterizado por agresiones directas, como la confiscación arbitraria de una radio comunicaría propiedad de una organización de mujeres, el cierre de espacios radiales, censura total en medios que están alineados a la política del gobierno y en el marco de las protestas se destacan ataques a periodistas mujeres que fueron retenidas por fuerzas policiales o paramilitares cuando realizaban coberturas de noticias y fueron objeto de violencia sexual, con tocamientos a sus cuerpos, así como expresiones verbales impregnados de misoginia y amenazas de muerte y violaciones a sus hijas.”

Ejemplo de eso es el caso de “Mar” (como decidió ser llamada en este reportaje), Periodista y Activista de 38 años quien actualmente se encuentra exiliada. 

El informe del MAM y la INDH confirman graves violaciones al Artículo 7, sobre prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Para la elaboración del informe contaron con el testimonio y denuncia 18 mujeres defensoras o activistas que en marco de la represión fueron víctimas de  desaparición forzosa y detenciones arbitrarias, todas fueron víctimas de diferentes formas de violencia sexual y 7 señalaron que fueron torturadas físicamente y sufrieron violación sexual con penetración en sus cuerpos de órganos genitales y/o cañones de armas de guerra. 

La violencia sexual destaca como método de tortura y crimen de lesa humanidad, por ser utilizado contra hombres y mujeres que participaron de las protestas sociales. Los testimonios recolectados señalan el uso de desnudos, tocamientos y la violación sexual durante los interrogatorios; así como tortura física, con el objetivo de sacarles información de quienes financiaban protestas, obligarles a denunciar a otras personas líderes de las comunidades o de perfil público de opositores al gobierno. La tortura lleva en sí misma un mensaje de advertencia, pues los perpetradores siempre señalaron que eso mismo podían hacerles a sus familiares u otras personas participantes de las protestas. 

También señalan que tres mujeres durante su permanencia en el Sistema Penitenciario de Mujeres, reportaron haber estado en peligro sus vidas al negárseles atención especializadas por problemas de enfermedades crónicas o congénitas. Una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para colocar un nuevo marcapasos después de que su situación fue denunciada públicamente y por la gravedad del deterioro de su salud y riesgo de muerte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó Medidas Cautelares. 

Al menos 3 defensoras transgénero permanecieron recluidas por 11 meses en las celdas de varones en el Sistema Penitenciario y según sus testimonios relataron haber sido objeto de violencia sexual y actos discriminatorios por su identidad sexual. El acoso por parte de los custodios varones durante las salidas al patio es otra de las expresiones de la violencia sexual en La Esperanza.

Al menos tres mujeres sufrieron abortos en las cárceles durante su reclusión provocados por la violencia y torturas a que fueron sometidas y las autoridades se negaron a prestar atención, lo cual puso en peligro sus vidas.

A pesar de la violencia y la represión, las mujeres continuamos en la lucha y soñamos con una Nicaragua feminista, donde todas podamos ser libres para expresarnos y vivir libres de toda forma de violencia

Autora: María Martha Escobar.

Fotografías: Andrea Saro – La Quimera

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