Cuerpos en pantalla

“Los cuerpos de las mujeres, históricamente, han sido expuestos y violentados en situaciones de conflictos” destaca el movimiento feminista “Las Malcriadas” en su primer pronunciamiento publicado el 12 de mayo tras la difusión de fotografías privadas de una estudiante universitaria que participaba en una conferencia de prensa.

Y es que en el contexto del estallido social, la difusión de pornografía no consentida se ha normalizado como una estrategia de lucha ideológica.  Abiertamente se solicita a las exparejas de las líderes estudiantiles o activistas que sean patrióticos y pasen el “pack” de desnudos de las mismas.

Pero esta violencia no es algo nuevo en el microcosmo digital nica. Fotografías de modelos y presentadoras desnudas, y un par de vídeos de adolescentes en situaciones sexuales ya se habían difundido por las redes sociales en los últimos dos años.

El proyecto acoso.online define a la pornografía no consentida como:

la divulgación de material gráfico y audiovisual de tono erótico o explícitamente sexual sin el consentimiento de alguna de las personas retratadas y sin propósito legítimo, a menudo más bien con la intención de humillar, intimidar y/o extorsionar a la víctima”.

Por mucho tiempo a este tipo de violencia digital se le llamó porno-venganza o en inglés revengeporn, porque se pensaba sólo se daba en relaciones de pareja que terminaban mal; y de cierta manera se validaba como una acción en respuesta a algo que las mujeres habían hecho en primera instancia. Pero se ha comprobado que este tipo de violencia  es ejercida por abusadores de todo tipo.

Se identifican tres tipos de contenido de pornografía no consentida, teniendo como base la forma en la que los abusadores acceden a los mismos:

  • Contenido creado voluntariamente por las mujeres, que toman la decisión de erotizar sus propios cuerpos y compartirlos en intercambios que presumen son privados. En lo general son fotos o videos tomados por las mismas mujeres, tomados frente a espejos o con sus cámaras web.
  • Contenido al que se accede violentando servidores o dispositivos en los que se almacenan estos contenidos, como el robo de celulares o el hackeo de cuentas.
  • Contenido creado sin el consentimiento de las mujeres, ya sea a través de cámaras escondidas en habitaciones o baños públicos, o en situaciones de violencia sexual. El caso de una reportera de deportes que descubrió había sido grabada en su habitación de hotel, el incremento de porno “debajo de la falda” en estaciones de tren asiáticas o la grabación de la violación colectiva de una jóven en España.

¿Qué podemos hacer frente a un caso de pornografía no consentida?

Aunque la primera reacción sea denunciar los contenidos, lo primero que se debe hacer es documentar la violencia: las capturas de pantalla son nuestras amigas. Sabemos que este es un paso difícil, y que no es ideal que seamos nosotras mismas quienes nos encargamos de este proceso ya que puede resultar doloroso.

Aunque en este momento la denuncia no esté entre nuestros planes; tener las pruebas nos permite que la denuncia sea una opción a futuro y puede servir de insumo para organizaciones, colectivas sociales o investigadoras que estén trabajando esta problemática.

Cuando hablamos de denuncias, tenemos a la vez tres tipos de denuncias: legales, sociales y en los medios digitales.

Todas la plataformas y medios digitales tienen políticas en contra de la difusión de estos contenidos. Incluso las páginas de pornografía te permiten denunciar un contenido que se ha publicado sin tu consentimiento. Las opciones te permiten reportar contenido para que se elimine, reportar el perfil de quien está difundiendo el contenido y bloquearlo para evitar que continúe ejerciendo otro tipo de violencias derivadas.

Aunque en Nicaragua no exista una ley contra la difusión de pornografía no consentida, u otra figura legal que analice específicamente esta violencia machista desde una perspectiva de género; hay un par de recursos legales que podemos invocar en nuestro favor. La Ley de Protección de Datos Personales protege nuestros derecho a la privacidad. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779 define como delitos la violencia psicológica y la intimidación o amenazas contra la mujer.

Cuando hablamos de denuncias, tenemos a la vez tres tipos de denuncias: legales, sociales y en los medios digitales.

Por su parte, el Código Penal establece como delitos: la sustracción o destrucción de comunicaciones, la captación indebida de comunicaciones, y el acceso y uso no autorizado de información.  Además tipifica e impone penas por acoso sexual, chantaje y asedio. Las figuras legales relacionadas de manera directa con la pornografía no consentida son la explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes; y la propalación que hace referencia a la publicación de comunicaciones, documentos o grabaciones privadas sin autorización.

Pero la experiencia ha demostrado que ante la falta de respuestas “oficiales”, ya sea por parte del Estado o de las plataformas y medios digitales, las estrategias colectivas de prevención y mitigación de la violencia digital son el camino a seguir.  Lo primero que se necesita deconstruir la idea de “la víctima perfecta”, para desmontar los vicios de la culpabilización y la revictimización de las mujeres que denuncian. Tenemos que hacer es colectivizar que las mujeres que reciben estas violencias NO tienen la culpa.

Fotografía principal: Johana Baca / La Quimera

Deja un comentario